El sector porcino y avícola español ha solicitado al Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea la modificación de la nueva normativa de emisiones que afectará a las granjas porcinas y avícolas de pequeño y mediano tamaño. Así lo recoge la organización agraria UPA, que indica que estas medidas perjudicarán a explotaciones que siguen un modelo de producción familiar.

La normativa actual ya afecta a unas 6.500 de las 82.000 granjas porcinas en el país. Principalmente, aquellas con más de 750 reproductoras o 2.000 plazas de cebo.

Sin embargo, la propuesta de la UE contempla reducir drásticamente estos límites, impactando a granjas con más de 150 reproductoras o más de 1.160 plazas de cebo para el porcino, y reduciendo el límite para las granjas de huevos de 40.000 a 21.400 gallinas ponedoras, afectando así a 313 operadores que representan el 98% del censo de gallinas ponedoras.

El sector porcino y avícola, únicos sectores ganaderos obligados a aplicar medidas de reducción de emisiones según la directiva europea, han conseguido una reducción del 42,9% de gases de efecto invernadero entre 1990 y 2021, según datos del informe de emisiones del Ministerio de Transición Ecológica recogidos por UPA. Así, las emisiones porcinas representan poco más del 2% del total de GEI en España, y menos del 0,5% en la avicultura.

Unos costes que podrían hacer inviable la adaptación y provocarían cierres de explotaciones familiares

Sin embargo, la aplicación de las nuevas normativas en el sector ganadero tendría un impacto significativo en la viabilidad económica de las granjas de menor tamaño. No solo se enfrentarían a costos administrativos anuales de 3.000 euros para obtener una autorización ambiental integrada, sino que también se verían obligadas a realizar reformas estructurales para cumplir con las Mejores Técnicas Disponibles (MTD), cuya amortización sería inviable para muchas de ellas.

Además, UE propone someter cualquier ampliación o cambio sustancial en las granjas a consulta pública podría resultar en un obstáculo adicional. El sector teme que esto pueda facilitar que grupos contrarios a la ganadería impidan estas autorizaciones calificando las explotaciones erróneamente como ‘macrogranjas’.

El sector avícola, remarca la organización agraria, “están realizando un esfuerzo ingente para la transformación del sistema de jaulas acondicionadas a sistemas alternativos”.