El Gobierno de Murcia controlará el cumplimiento de la ley de cadena alimentaria. Esta ley fue aprobada a fines de noviembre por el Congreso de los Diputados. Busca una relación más justa entre los distintos participantes de la cadena. Según el ministro de Agricultura, es la ley más importante para el sector agroalimentario. Para verificar su cumplimiento, el gobierno de Murcia pondrá en marcha una Mesa Agraria y un Observatorio de Precios. El objetivo es velar por el cumplimiento de la nueva ley e impedir que los productores vendan «a pérdidas».

Disposiciones de la ley de cadena alimentaria

Ante la aprobación de la Ley de Cadena Alimentaria, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) realizó una valoración positiva.

En concreto, consideró que se dieron pasos muy adecuados para mejorar la posición en la cadena de agricultores y ganaderos.

De hecho, se lograron avances parciales o completos en cinco de las seis principales reivindicaciones que sostenía el sector primario.

La ley modifica la anterior ley 12/2013. Además, traspone la Directiva UE 2019/633 del Parlamento y Consejo Europeo para prevenir prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agroalimentario.

Por ejemplo, se prohíbe la venta a pérdidas en el último eslabón de la cadena, es decir, la venta al público. Además, crea un registro digital de contratos para las operaciones entre el primer eslabón y los compradores.

Otra novedad es la inclusión del canal HORECA , sometiendo así a las grandes empresas de este canal al cumplimiento de la ley de cadena alimentaria.

Por otra parte mejora la figura del mediador y potencia el Observatorio de la Cadena. Este organismo tendrá entre sus funciones generar informes sobre la formación de precios de los alimentos.

Un avance sustancial es la definición concreta del «coste efectivo de producción», que integra la mano de obra familiar entre otros aspectos.

Objetivos de la Mesa Agraria y el Observatorio de Ley de Cadena Alimentaria

El presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), expresó que la nueva ley «no servirá para nada sin la implicación de las comunidades autónomas». En la misma sintonía, el presidente regional, Fernando López Miras, y el consejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, Antonio Luengo, se comprometieron con la organización a crear las estructuras técnicas necesarias.

Así surgen la Mesa Agraria y el Observatorio de la Cadena de Murcia. Su objetivo principal es velar por el cumplimiento de las disposiciones de la ley de cadena alimentaria.  

La Mesa Agraria contará con la participación de técnicos de la consejería y las organizaciones del sector. De ella partirá el Observatorio de los Precios, en el que técnicos profesionales del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario (IMIDA) valorarán los precios de coste en origen para poner velar por la normativa.

Otra de las reivindicaciones que planteó el representante de los agricultores fue la reforma del sistema actual de los seguros agrarios. Se debe a la necesidad de hacerlos más operativos.

Por su parte, el Consejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente informó que la comunidad autónoma destinará 4 millones de euros a seguros agrarios en el presupuesto de 2022. Esta cifra representa tres millones más que hace tres años.

Nuevo modelo de ayudas para agricultores y ganaderos

Además de la ley de cadena alimentaria, otro tema de preocupación es el nuevo modelo de ayudas comunitarias para agricultura y ganadería.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de la Región de Murcia (UPA Murcia) advirtió en el mes de octubre que el nuevo modelo de ayudas comunitarias iba a perjudicar a la región de Murcia.

Sin embargo, el consejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, Antonio Luengo insistió en que el cambio de modelo «será una realidad en breve».  Y que, de esta manera, agricultores y ganaderos podrán beneficiarse de las posibles ayudas en forma directa, sin tener que esperar a que acaben los ciclos para cobrar las ayudas.

Se trata del reparto de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), contenidas en el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común presentado por el Ministerio de Agricultura a las Comunidades Autónomas.

El funcionario resaltó que el Gobierno regional presentará un documento de alegaciones conjunto con COAG ante la caída de las mismas, de un 13 %, unos 40 millones de euros menos que en la anterior convocatoria.

Además, reclamó que el sector agroalimentario tenga un mayor peso en el reparto de los fondos europeos Next Generation. Estos fondos tienen como destino la recuperación tras la crisis del coronavirus. Está previsto que el sector reciba unos 1.000 millones de euros, un 1,3 % del presupuesto total, cuando ese sector supone un 9,7 % del PIB.
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