Un total de 444,5 millones de euros suma el nuevo paquete de medidas aprobadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, tras la primera valoración provisional de daños provocados por la Dana que asoló parte de España hace dos semanas. Unos 49.000 productores podrán beneficiarse de las mismas, con una estimación de 70.000 hectáreas afectadas.

El Consejo de Ministros dio esta semana luz verde a las nuevas medidas del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento de las zonas afectadas por la dana, que tiene como prioridad de acción al sector agrario y a las explotaciones afectadas por las riadas e inundaciones para paliar su pérdida productiva y contribuir a su recuperación. Así, se incluyen 75 municipios en la provincia de Valencia y tres en las de Albacete, Málaga y Cuenca, además de otros 34 en Almería.

Una de las líneas de acción se centra en la compensación de rentas y pérdidas de producción, con ayudas directas a las que se destinará un total de 200 millones de euros y que se dirigirán a agricultores y ganaderos que hayan sufrido una pérdida de producción superior al 40%.

Para ello, Agroseguro certificará los daños, que se pagarán a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).

Además, se destinarán 180 millones de euros a la recuperación del potencial productivo.  De ellos, 170 se dirigirán a restaurar explotaciones afectadas y los 10 restantes, a reponer maquinaria dañada. Estas labores se realizarán a través de la empresa pública Tragsa, dependiente del Ministerio.

Otras medidas

Entre las medidas de financiación, se destinarán 60 millones de euros a una línea ICO-MAPA-SAECA específica para los afectados de la dana, para la bonificación de créditos y avales para las explotaciones agrarias afectadas.

Asimismo, el paquete aprobado recoge iniciativas para facilitar la distribución de alimentos y garantizar el abastecimiento a la ciudadanía de los municipios afectados. En este sentido, se destinarán 4,5 millones de euros a asegurar el envío y reparto de alimentos y donaciones de productos, así como apoyo a mayoristas y minoristas que hayan perdido su capacidad de actuación.

Todo ello se suma a las propuestas ya recogidas en el Real Decreto-Ley 6/2024, como la exención del impuesto de bienes inmuebles de
naturaleza rústica o las ayudas directas a empresas y profesionales.