UPA destaca la modificación del RD 159/2023 como un avance clave para la sostenibilidad del sector porcino.
Más tiempo para adaptarse a la normativa
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha valorado positivamente la decisión del Gobierno de flexibilizar los requisitos del Real Decreto 159/2023, permitiendo a las granjas porcinas más tiempo para adaptarse a las nuevas exigencias. Con esta modificación, los productores tendrán hasta tres años desde 2023 para implementar los cambios necesarios, una medida que evitará impactos económicos negativos en el sector.
Esta decisión llega tras la consulta pública previa a la elaboración de un nuevo Real Decreto, en el que se incorporarán nuevos parámetros más allá de la superficie disponible para los animales. La medida responde a una demanda de UPA y otras organizaciones del sector porcino, que han trabajado intensamente para garantizar que la normativa proteja especialmente a las granjas de pequeña y mediana dimensión y de carácter familiar.
Un logro dentro del acuerdo de 43 medidas con el Ministerio de Agricultura
Desde UPA enmarcan esta modificación como un logro dentro del acuerdo de 43 medidas que la organización firmó con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Según la organización agraria, este avance permitirá a los ganaderos continuar con su actividad sin perder competitividad y manteniendo la rentabilidad de sus explotaciones.
UPA ha reafirmado su compromiso con el bienestar animal, destacando que “este es un reto al que no debemos renunciar como sociedad ni como sector”, pero que debe ser compatible con la viabilidad económica de las granjas.
Un sector clave para el medio rural
El sector porcino es una pieza fundamental en la economía rural española. España es líder en producción porcina en Europa, y el sector aporta el 39% del valor de la Producción Final Ganadera. Actualmente, más de 85.000 granjasconforman la red productiva del país, generando empleo y fijando población en las zonas rurales.
Con este ajuste normativo, UPA espera que el Gobierno siga apostando por un modelo de producción porcina sostenible y rentable, que proteja a los pequeños y medianos productores y garantice la continuidad de un sector esencial para la economía agroalimentaria española.
