Un total de 63 comunidades de regantes sellaron ayer un acuerdo histórico con la sociedad estatal Acuamed para garantizar el suministro de agua a un costo de 0,33-0,35 euros por metro cúbico, proveniente de las desaladoras ubicadas estratégicamente en Águilas (Región de Murcia) y Torrevieja (Alicante).

Los representantes de las comunidades de regantes formalizaron el acuerdo en un acto que contó con la presencia de Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente; Mario Urrea, presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura; Teodoro Estrela, director general del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco); Mariola Guevara, delegada del Gobierno en la Región de Murcia; y la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia, Sara Rubira.

El convenio, que da luz verde a las ampliaciones de las desaladoras de Águilas y Torrevieja, fija los precios del agua desalada para los próximos cinco años, prorrogables durante 10.

Este hito marca un paso significativo hacia la gestión eficiente de los recursos hídricos en un contexto de crecientes desafíos ambientales y climáticos.

Lucas Jiménez, presidente del sindicato de regantes del Levante, celebró la firma como un motivo de alegría, aunque destacó que el precio acordado «está lejos de ser el idóneo». A pesar de ello, señaló que este acuerdo hace que el agua desalada sea más asequible para los agricultores de Levante.

Asimismo, el presidente de la Comunidad General de Regantes de la IDAM Águilas/Guadalentín, Juan Marín, destacó la importancia de la colaboración entre todos los implicados y defendió la calidad de las producciones del Levante español, gracias al uso de la combinación entre agua del trasvase, agua deslaada, aguas subterráneas y aguas depuradas.

Gestión eficiente de los recursos hídricos

El secretario de Estado de Medio Ambiente destacó la importancia de no desperdiciar recursos en el contexto del cambio climático. Se refirió a una inversión sustancial de 600 millones de euros destinados al aumento de la capacidad de desalación de las instalaciones existentes, así como a su interconexión, en un esfuerzo por garantizar la disponibilidad de agua en los escenarios futuros.

Por su parte, la consejera de Agricultura reconoció la necesidad de brindar seguridad jurídica a los regantes, aunque lamentó que la firma llegara tarde para aquellos que se vieron obligados a recurrir al agua desalada debido a los recortes en el trasvase del Tajo. Rubira expresó su preocupación por la difícil situación a la que se enfrentaron los agricultores, «entre la espada y la pared», en caso de no contar con este recurso vital.

En otro anuncio significativo, Morán reveló planes para la construcción de una nueva desaladora en la región de Murcia, así como dos adicionales en Andalucía y Cataluña, como parte de una estrategia integral para fortalecer la infraestructura hídrica.

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