Le «faltan fundamentos jurídicos y políticos». Esto es lo que considera el catedrático de Derecho Administrativo y experto en Derecho de Aguas, Antonio Fanlo sobre la decisión del caudal ecológico del Tajo. Que recorta el trasvase hídrico al Segura.

El pasado 24 de enero en el real decreto del Consejo de Ministros se incorporó la propuesta del Gobierno. En la que se contempla que el caudal ecológico del Tajo a su paso por Aranjuez (Madrid) suba de seis a siete metros cúbicos por segundo desde el 1 de enero de 2023. Que pase a ser de ocho desde 2026 y que se eleve a 8,65 en 2027.

A su juicio, con ese «mínimo de 6 metros cúbicos» se estarían vulnerando las normas sobre el caudal circulante.

Ha recalcado que si una infraestructura de esa importancia suscita disputa política es que algo «no está bien». Y, por supuesto, no se ha sostenido con los fundamentos adecuados.

Antonio Fanlo: «Es una infraestructura de la que depende media España»

El jurista ha atribuido todo el «griterío» y la controversia entre regantes, comunidades autónomas y administraciones sobre el Tajo-Segura a la «ignorancia» de los presupuestos «fácticos» de la «mayor infraestructura hidráulica». Infraestructura de la que «depende media España».

En esta línea, ha hecho mención a zonas dependientes como la cuenca del río Almanzora en Almería. También la cuenca mediterránea andaluza, la Marina Baja alicantina, las cuencas del Júcar y la del Guadiana.

Además, ha criticado que los decretos estén infringiendo una de las «condiciones hidrológicas fundamentales».

Fanlo también ha defendido los regadíos, «gracias a los cuales España el pasado verano, resistió a la prueba de cambio climático y sus agricultores pudieron seguir regando».

Andrés del Campo: «Se ha hecho sin informes de impacto y reduce un 16 % de media la disponibilidad de agua»

Estas declaraciones las ha hecho en una jornada sobre el régimen jurídico de los planes hidrológicos y el conflicto sobre el trasvase Tajo-Segura. Organizada por el Colegio de Abogados de Madrid. Junto al presidente de la Federación Nacional Comunidades de Regantes de España (Fenacore), Andrés del Campo.

De esta forma, el presidente de Fenacore ha recalcado que el incremento de caudales ecológicos no tiene justificación. «Se ha hecho sin informes de impacto y reduce un 16 % de media la disponibilidad de agua, con el regadío como principal damnificado».

Del Campo ha recalcado que el nuevo caudal ecológico del Tajo provocará la reducción de 15.000 empleos en la agricultura de Alicante, Murcia y Almería. Y una pérdida patrimonial de 5.690 millones de euros.

Además, los regantes han augurado que desaparecerán 27.000 hectáreas de cultivo.

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