El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, condenó duramente la campaña de Justicia Alimentaria que denunciaba la supuesta explotación laboral en el medio rural financiada por el Ministerio de Derechos Sociales y la Agenda 2030 con fondos públicos.

Fepex, la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas, escribió una carta a Planas expresando sus reparos por su campaña «¡Exporta, explota, que exploto!«. En respuesta a esta comunicación de Fepex, Planas ha emitido un comunicado oficial.

El ministro de Agricultura expresó en su carta que comparte plenamente la perspectiva de Fepex sobre la campaña, calificándola de «inaceptable». Además consideró que por su contenido puede causar daño reputacional. Ello podría causar graves perjuicios a la economía española, dado el papel primordial de este sector en nuestro país.

Planas ha dejado claro que las afirmaciones de Justicia Alimentaria no reflejan la realidad del sector agroalimentario español. De este modo ha afirmado que hará llegar la «valoración negativa» del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación acerca de la citada campaña al Ministerio que dirige Ione Belarra, Derechos Sociales y Agenda 2030.

Desde diversas asociaciones agroalimentarias se ha denunciado la campaña de Justicia Alimentaria por las acusaciones recibidas

Esta campaña, que ha recibido financiación del citado ministerio, denuncia activamente la precariedad laboral que supuestamente tiene lugar en los sectores de exportación. Señala tanto  a sectores de frutas y hortalizas como de carne y conservas de pescado. También señala a las empresas de trabajo temporal y a las plataformas digitales de reparto que operan en este sector agroalimentario.

Justicia Alimentaria reclama un cambio paradigmático en el sistema alimentario. Para ello pide crear un «nuevo contrato social agroalimentario» que garantice una alimentación sana, equitativa y sostenible como derecho inherente.

UPA Andalucía está luchando activamente contra la campaña. Según su punto de vista, es una campaña malintencionada. Desprestigia y perjudica a sectores estratégicos, como el hortofrutícola, utilizando informaciones falsas sobre la supuesta explotación laboral de los inmigrantes.

Además, la campaña tiene en cuenta el procedimiento GECCO, un modelo de explotación laboral establecido por el Gobierno español para controlar rigurosamente la contratación basada en el origen.

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