El Gobierno de la Región de Murcia ha llevado al Consejo de Estado sus alegaciones contra el recorte del trasvase Tajo-Segura propuesto por el Gobierno central, en el llamado Plan del Tajo, para proteger y salvaguardar los intereses de Murcia.

Estas alegaciones harán hincapié en cómo esta decisión se tomó sin ninguna consideración económica ni medioambiental. También incidirán en la falta de transparencia durante la tramitación del borrador de Real Decreto del Plan Hidrológico del Tajo.

Audiencias solicitadas por López Miras y Puig.

Fernando López Miras, jefe del Ejecutivo regional, solicitó audiencia con la presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio el 20 de diciembre. Ésta respondió el 30 de diciembre con una notificación para dar plazo de presentación de alegaciones hasta las 13.00 horas del 5 de enero.

El pasado 2 de enero, Ximo Puig remitió una carta al Consejo de Estado para remarcar su oposición a cualquier modificación del plan hidrológico que afecte al Trasvase Tajo-Segura.

Puig insta también al Consejo de Estado a reconocer que el acuerdo alcanzado en el Consejo Nacional del Agua era «razonable». En este último solicitaron que se actualizara en 2025 en función de las condiciones del río Tajo. Además, también solicitaba en la misiva una reunión con la Presidenta del Consejo de Estado.

El borrador del Consejo de Estado contradice al informe del Consejo Nacional del Agua.

El 29 de noviembre, el Consejo Nacional del Agua convocó una reunión para considerar y revisar el proyecto de Real Decreto de la Demarcación Hidrográfica del Tajo para su tercer ciclo de planificación (2022-2027). Tras muchas deliberaciones, la opinión fue favorable con matices, gracias a la introducción de la enmienda que establecía la revisión de las condiciones en 2025 de la que habla Ximo Puig.

El texto propuesto incluía un régimen de caudales ecológicos que en opinión de la región era considerado demasiado elevado. Sustentaba su opinión en los estudios y análisis hidráulicos realizados durante la fase de consultas públicas. Estos informes no se tuvieron en cuenta a la hora de tramitar el texto.

Así pues esta medida conllevaba la reducción del volumen trasvasable a la cuenca del Segura. Sin embargo, como salvaguarda, iba aparejado a los resultados de un Plan de Seguimiento ambiental que midiera la efectividad de los cambios, con margen temporal en el año 2025.

Según indica el Gobierno murciano, esta decisión «fue enmendada por el secretario de Estado de Medio Ambiente durante el pleno del Consejo de Estado, asegurando que el documento sería modificado y dicho Plan dejaría de ser relevante a la hora de aplicar el recorte de hasta un cincuenta por ciento del agua del trasvase».

El Plan del Tajo no responde a criterio técnico ni medioambiental y no se ha aprobado con transparencia alguna.

La modificación del texto, ya debatido e informado favorablemente, antes de ser aprobado por el Consejo de Ministros, queda demostrada en los documentos que el Consejo de Estado envió el pasado día 30 a la Comunidad, en los que se recoge el cambio de la Disposición Adicional Novena que desliga el recorte previsto por el Gobierno de España a la evolución ecológica del Tajo.

Supone, por tanto, una situación «insólita y que viene a demostrar que el único objetivo del Gobierno de España es cerrar el trasvase Tajo-Segura, pasando por encima de cualquier criterio técnico y jurídico», añade el Ejecutivo murciano.

Los dos gobiernos regionales confían que puedan ser oídas las alegaciones sobre el proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo para el tercer ciclo de planificación (2022-2027). Esperan que estas alegaciones puedan ser tenidas en consideración por el Consejo de Estado antes de la emisión de su preceptivo informe.

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