Tras pasar la auditoría de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) los pasados 20 y 21 de diciembre, la compañía SAU Consultoría Estratégica ha sido certificada como la primera Entidad Colaboradora de la Región de Murcia (ECARM). Dentro del esquema de inspección de fincas agrícolas sobre el cumplimiento de la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor.

Una acreditación que valida el método aplicado en las pruebas piloto, que se han llevado a cabo a lo largo de seis meses, y que permitirá a la compañía llevar a cabo las inspecciones a fincas con las máximas garantías.

La normativa exige a las fincas agrícolas justificar el cumplimiento de la Ley 3/2020 antes del 1 de agosto de 2023

Desde SAU han depositado todos sus esfuerzos en lograr esta acreditación lo antes posible, dado su compromiso constante con las necesidades del sector agroalimentario. Con el fin de responder a la normativa que exige a las fincas agrícolas justificar el cumplimiento de la Ley 3/2020 antes del 1 de agosto de 2023.

Asimismo, esta certificación permitirá a las empresas del sector desde este momento, empezar a iniciar las auditorías.  Para presentar la justificación lo antes posible, y dentro de los plazos previstos.

En la actualidad, SAU cuenta con más de 30 auditorías programadas, que empezarán a ver la luz dentro de los próximos meses. Desde la empresa recomiendan a los agricultores contar con la máxima previsión. Con el fin de llegar a tiempo a los plazos establecidos por la Región.

SAU Consultoría Estratégica, una empresa comprometida con el medioambiente

Por otro lado, SAU Consultoría Estratégica se define a sí misma como una empresa comprometida con el medioambiente. Que busca prestar sus servicios de asesoramiento a los agricultores para que puedan llevar a cabo su actividad de la forma más sostenible posible.

Un compromiso medioambiental que se puede avalar a través de los diferentes certificados ambientales GlobalGAP, Huella de Carbono, Huella Hídrica y ODS. Y que desde SAU trabajan mano a mano con las empresas para contribuir a su consecución. Una justificación necesaria que busca demostrar que una actividad agrícola sostenible es compatible con la protección del Mar Menor.

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