El Parlamento Europeo aprobó durante el pasado día 15 de marzo una serie de normas para endurecer los controles oficiales de los alimentos desde la granja hasta que el usuario los sitúa en su mesa. El objetivo principal de la puesta en marcha de esta iniciativas es el de garantizar que los alimentos que los consumidores compran y comen en Europa son seguros y saludables.

Esta serie de normativas ya han sido acordadas previamente de manera informal por los eurodiputados y el Consejo, la finalidad es el de mejorar la trazabilidad de los alimentos, combatir el fraude y recuperar la confianza del consumidor en la integridad de la cadena alimentaria.

La nueva legislación aprobada por el Parlamento Europeo proporcionará un sistema de control global, integrado y más eficaz en las reglas de seguridad de alimentos y piensos, en los requisitos veterinarios y fitosanitarios, así como en la producción orgánica y la reglamentación de denominaciones e indicaciones geográficas protegidas

Recientes escándalos

Todo este trabajo se ha realizado debido a los recientes escándalos de fraudes en el sector de la alimentación, uno de los más llamativos fue el de la carne de caballo. Todos estos problemas han venido a demostrar que la necesidad de una serie de acciones mucho más eficaces por parte de las autoridades para proteger a los consumidores y a los operadores honrados es algo elemental en la actualidad. Principalmente a la hora de evitar todos aquellos riesgos que puedan derivarse del incumplimiento de las normas a lo largo de la cadena alimentaria.

Después del escándalo de la carne de caballo los consumidores empezaron a tener muchas dudas acerca de la trazabilidad de los alimentos y de la integridad de la cadena de suministro de carne. Por esta razón el Parlamento Europeo se ha esforzado en hacer frente a estas preocupaciones y completar un texto que permita a las autoridades competentes combatir con eficacia las prácticas fraudulentas.

También se ha mostrado la satisfacción por parte de los parlamentarios por el esfuerzo realizado para reforzar capítulos como los relativos a las sanciones que se aplicarán en el caso de violaciones intencionadas de las reglas de seguridad alimentaria. Una parte muy importante si se quiere evitar que las empresas pongan en prácticas medidas fraudulentas.

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