La ganadería española enfrenta una encrucijada crítica, marcada por la complejidad normativa que obstaculiza la operatividad de sus aproximadamente 170.000 explotaciones. Ante esto, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha lanzado un SOS al Ministerio de Agricultura, evidenciando el «colapso burocrático» que paraliza el sector. En este escenario, se cierne la sombra de la nueva regulación sobre el «veterinario de explotación», un mandato que podría exacerbar aún más la carga administrativa.
El Agobio Burocrático en el Campo Español
Desde la trinchera de los ganaderos, la desesperación se palpita en la carta enviada al Ministerio: «No podemos más». Denuncian un exceso «absolutamente brutal» de gestiones para tratar a los animales enfermos. Cada granja se ve obligada a gestionar una nómina de veterinarios especializados en distintas áreas, cuya labor, según la UPA, se desvía preocupantemente hacia la burocracia en detrimento del cuidado animal.
Regulaciones que Asfixian: El Veterinario de Explotación
La UPA interpela al Ministerio para reconsiderar las implicaciones de la figura propuesta del veterinario de explotación, sugiriendo que se privilegie el «sentido común» frente a un exceso de formalidades que no redundan en beneficios tangibles. La organización subraya que los costos de contratar a un veterinario de manera exclusiva son prohibitivos, un golpe fatal principalmente para las explotaciones familiares.
Entre la Supervivencia y la Extinción: El Futuro de la Ganadería Familiar
El contexto de la ganadería en España no podría ser más alarmante. Se ha experimentado una drástica caída de 791.000 explotaciones en 1999 a 170.000 en 2020, reflejando no solo una reestructuración del sector, sino también un preocupante desinterés generacional por continuar con la tradición ganadera. Detrás de estos números, resuena una alarma sobre la sostenibilidad futura del campo español.
Una Profesión en Declive
El llamado de la UPA es contundente: España debe actuar para no perder más figuras esenciales del agro. Abogan por un plan de apoyo que simplifique las regulaciones, otorgue margen de maniobra para la adaptación y, sobre todo, preserve una ocupación «absolutamente imprescindible» para la soberanía alimentaria del país y del continente europeo.
La crisis por la que atraviesa el sector ganadero no solo pone en juego la viabilidad económica de miles de familias rurales, sino que también amenaza uno de los pilares de la cultura y la economía españolas. La resolución de esta complejidad burocrática será determinante para el futuro de la soberanía alimentaria y la preservación de una de las facetas más tradicionales del panorama rural español.
