COAG y CCOO han solicitado a PP y VOX que retiren su proposición de ley para regular los suelos de regadío alrededor de Doñana. Esta posición difiere de la opinión de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, quienes ven en la ley de regadíos de Doñana «una oportunidad de desarrollo» para poner fin a la situación de algunas fincas que están en un «limbo».

Representantes de diversas organizaciones han hablado ante el Parlamento de Andalucía durante el proceso de aprobación de una ley que ha causado controversia entre el Gobierno central y autonómico debido a su posible impacto en el acuífero de Doñana.

Los comparecientes han pedido que las administraciones dialoguen y que Doñana deje de ser utilizado como tema de enfrentamiento político durante las elecciones.

COAG y CCOO, en contra de la ley de regadíos de Doñana y sus consecuencias

Eduardo López, quien es el secretario de Organización de la COAG, ha pedido que se detenga el proceso de aprobación de la iniciativa y ha sugerido que se establezca una mesa de diálogo entre varias administraciones que busque «soluciones reales». La idea es identificar, mediante un estudio técnico, la zona «conflictiva», buscar los recursos hídricos «necesarios» y analizar cada caso de manera individual y no generalizar.

El usuario ha propuesto encontrar una solución que permita equilibrar la agricultura de regadío y los ecosistemas naturales. Sin embargo, cree que es necesario primero construir las infraestructuras hidráulicas necesarias para asegurar el agua y luego renovar el suelo de manera gradual, como si fuera un rompecabezas, en lugar de definir un área general que podría atraer a los fondos de inversión.

Se ha mencionado que la mayoría de las explotaciones son familiares y poseen menos de 5 hectáreas. Sin embargo, en toda la Comarca del Condado, el 2,5 % de los dueños de tierras controla el 60 % de la superficie y el 80 % del agua concesionada.

CCOO, a través de Emiliano Fernández, ha argumentado que la ley pone en tela de juicio la esencia del plan de ordenación de la Corona Norte de Doñana. Asimismo, ha expresado que existen incertidumbres legítimas en cuanto a las explotaciones que se benefician de la ley y a las posibles implicaciones jurídicas de la calificación de los terrenos.

Ha expresado que la calidad de la marca Doñana y la producción de frutos rojos corren peligro, lo que podría llevar a España a recibir más sanciones de las instituciones europeas. Además, esto no se ajusta a las directrices de la UNESCO para la protección del parque, ya que podría dañar el acuífero.

También ha expresado su deseo de sacar a la reserva natural de Doñana de la controversia política y ha pedido que se finalicen las obras de abastecimiento de agua, como la del trasvase, para asegurar el suministro de agua superficial.

Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía considera que se plantea una oportunidad

Jaime Martínez, director general de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, ha aclarado que la ley sólo declara que los terrenos agrícolas pueden ser utilizados para la explotación, pero no se les otorgan derechos de riego. La competencia para esto recae en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Me ha sorprendido escuchar las opiniones en contra, ya que en ningún momento se menciona la posibilidad de extraer agua del acuífero ni se otorga automáticamente el derecho al riego.

El hablante expresó que la regulación beneficiará al desarrollo de la comarca y ayudará a regularizar áreas que actualmente están en una situación incierta. A su vez, lamentó que se esté transmitiendo un mensaje negativo sobre el sector que afecta tanto a la ciudadanía como a las instituciones europeas, y que esto esté afectando a miles de familias. No se han añadido nuevos detalles ni se han inventado nuevos hechos.

Martínez, quien ha criticado la inadecuada administración del agua en España, ha informado que su grupo representa a 600 cooperativas en Andalucía, y entre ellas se encuentran 25 cooperativas dedicadas al cultivo de fresas, de las cuales 3 están en la región específica afectada por la ley.

Reconocer situaciones anómalas e injustas y proponer soluciones es un acto de valentía

Joaquín Regidor Moreno, quien anteriormente fue concejal del PSOE (1987-1995) y actualmente es funcionario de la Junta, es uno de los agricultores de Lucena del Puerto que se vio afectado por el plan de la Corona Norte de 2014. La familia de Joaquín fue la única que perdió la totalidad de su finca de cuatro hectáreas.

El usuario ha elogiado a aquellos que intentan reconocer las injusticias y anomalías, calificándolo como un acto valiente. Además, ha criticado la distinción entre agricultores legales e ilegales, afirmando que la única base de esta distinción es una foto aérea de 2014 que solo consideró ilegal la tierra no cultivada en ese momento.

El hijo de Joaquín Regidor García inició el cultivo y ahora está pidiendo «justicia, reparación y paz» y la devolución de las tierras de sus antepasados. También ha enfatizado que no hay dos grupos de agricultores, sino que son los mismos.

En su mensaje, mencionó que comenzó a cultivar la tierra «unos días después de que se tomara la famosa foto aérea» y que debido a esa fotografía, su trabajo fue considerado ilegal. Tras años de esfuerzo y de cumplir su sueño en la finca de sus abuelos, tuvo que cerrar todo debido a que se calificó su trabajo como una grave infracción ambiental.

Él explicó que inicialmente se sintió parte del plan de 2014 y cumplió su sueño de trabajar en la finca de sus abuelos. Sin embargo, años después, recibió sanciones y enfrentó cargos penales, lo que lo hizo sentir tratado como un delincuente. Como resultado, decidió abandonar todo en 2021 y quedarse solo con una furgoneta, un tractor y una gran cantidad de hierros y plásticos. Finalmente, pudo conseguir otra finca en Cartaya a unos 50 kilómetros de distancia de su hogar.

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