Ayer regantes, políticos y representantes socioeconómicos del Levante protestaron por la reducción del trasvase frente al ministerio de Transición Ecológica. Tras la manifestación, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha defendido la decisión del Gobierno del recorte al trasvase Tajo-Segura. Y pide «tranquilidad» a las partes implicadas.
Ribera tiene «la impresión de que, más que contra el trasvase, la manifestación plantea dudas con respecto a la necesidad de fijar un caudal ecológico» para el Tajo.
La ministra ha matizado que la obligación del Gobierno pasa por «respetar el criterio de los técnicos sobre la base del mejor conocimiento científico». Así como «la ley europea, la nacional y la jurisprudencia». Incluyendo las sentencias que obligan a fijar ese caudal ecológico. Estas declaraciones han sido realizadas por la ministra en el XIII edición del foro profesional del Spain Investors Day.
La decisión se basa en «un criterio exclusivamente técnico»
Al ser preguntada por la existencia de un informe científico que avale la decisión, la ministra ha asegurado que se basa en «un criterio exclusivamente técnico». Y ha matizado que «cada demarcación hidrográfica tiene que fijar con arreglo exactamente a los mismos criterios que todos los demás ese caudal». Y que hasta ahora no estaba determinado. Lo que ha motivado ya «cinco sentencias condenando al Gobierno y anulando el plan hidrológico del Tajo».
La ministra ha remarcado su intención de «velar por el interés general y responder de la mejor manera a las peticiones de todas las partes». Pero ha advertido de que no es posible hacerlo «exactamente a cada una de las peticiones con particular énfasis local» porque «no son compatibles entre sí».
La opción del Ejecutivo es «proponer una aplicación progresiva para darnos tiempo a poder acometer inversiones que generarán más agua adicional»
En este contexto, ha dicho que la opción del Ejecutivo es «enormemente innovadora». Porque en lugar de imponer el caudal desde el primer día «lo que hemos hecho es proponer una aplicación progresiva para darnos tiempo a poder acometer inversiones que generarán más agua adicional». Lo que garantizará tanto el agua de boca como la necesaria para las actividades económicas.
Esta aplicación será gradual. Y esto dará tiempo a una inversión que «no tiene parangón en nuestro país». Según ha detallado, de más de 8.000 millones de euros en casi cinco años. Lo que en el futuro permitirá disponer «de mucha más agua» sin que las Comunidades Autónomas afectadas «tengan que depender del agua en la cabecera del Tajo». Todo ello, gracias a diferentes medidas como la desalación, la reutilización o la conexión entre desaladoras.
Ribera ha recordado la situación «muy difícil» con la que «tuvo que lidiar la ministra (Isabel García) Tejerina». La entonces responsable de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Cuando «desde junio de 2017 hasta marzo de 2018 se trasvasó cero hectómetros cúbicos de agua» a consecuencia de «una enorme sequía». Y «lo que queremos es que esto no ocurra más».
