Este jueves, el Consejo de Estado abordará el dictamen del proyecto de real decreto de revisión de los 12 planes hidrológicos (2022-2027). Esto incluye la modificación de los caudales ecológicos del trasvase Tajo-Segura.
El máximo órgano consultivo gubernamental debatirá el acuerdo que se alcanzó en la reunión del Consejo Nacional del Agua del pasado 29 de noviembre. Y emitirá un informe «favorable o desfavorable». Esto se producirá antes de su futura aprobación en un próximo Consejo de Ministros.
A finales del 2022 es cuando se sitúa la «nueva batalla por el agua». Cuando el Consejo Nacional del Agua aprobó el tercer ciclo de los planes hidrológicos para las distintas cuencas, entre ellos el del Tajo. Ahí se incluyen los «caudales ecológicos», es decir, los caudales mínimos de agua que deben discurrir por los ríos.
En el plan del Tajo, la implantación de estos caudales significaría un recorte del agua a trasvasar del Tajo al Segura. Según datos facilitados por el Sindicato de Regantes (Scrats), esto supondría, para las cuencas receptoras de Alicante, Murcia y Almería, la pérdida de más de 100.000 empleos y desestabilizar la sociedad del Levante.
La Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Andalucía han presentado alegaciones a ese plan. Porque consideran que, si finalmente se llevara a cabo, la balanza de exportaciones nacionales perdería alrededor de unos 18.000 millones de euros. Procedentes de las exportaciones de frutas y verduras del Levante.
El Gobierno valenciano pide que los caudales ecológicos se determinen en función del estado del río cada año
Desde el Gobierno valenciano han apelado para que los caudales ecológicos se determinen en función del estado del río cada año. Además, han pedido al Consejo de Estado que el documento sobre los planes que se les envió para su estudio sea «el acordado y votado» en el Consejo Nacional del Agua.
Esta petición, según sostienen desde la Generalitat, se basa en «defectos en la tramitación del proyecto». Refiriéndose al cambiar, sin aviso previo, la disposición adicional novena. Y, sobre todo, la manera en que se llevó a cabo ese cambio.
El primer texto de esa disposición ligaba los caudales ecológicos a una valoración previa del estado ambiental de las masas de agua. Aprobado mayoritariamente en la reunión del Agua. Sin embargo, según Valencia, con posterioridad a ese encuentro, se procedió a una nueva redacción del texto que no fue sometida a debate y votación.
El nuevo texto «impone unos incrementos fijos e inamovibles de los caudales ecológicos hasta el año 2027 sin tomar en consideración ningún análisis previo del estado de las aguas»
El nuevo texto «impone unos incrementos fijos e inamovibles de los caudales ecológicos hasta el año 2027 sin tomar en consideración ningún análisis previo del estado de las aguas». Con el consiguiente perjuicio para los regantes de la cuenca del Segura.
Para la Generalitat, el texto está modificado «de manera unilateral» por el Ministerio para la Transición Ecológica. Sin comunicar con anterioridad el contenido de ese cambio ni al Gobierno valenciano ni al propio Consejo Nacional del Agua.
Para Castilla-La Mancha «cualquier argumento que pretenda condicionar la implantación de dichos caudales en el Tajo carece de validez»
Por su parte, Castilla-La Mancha ha alegado que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, anunció «in voce», y previo a la votación del Plan del Tajo, la eliminación de la «condicionalidad de la aplicación del régimen progresivo de caudales ecológicos mínimos». Por lo que el documento fue aprobado.
Para Castilla-La Mancha, la cuenca cedente, «cualquier argumento que pretenda condicionar la implantación de dichos caudales en el Tajo carece de validez». También han incidido en que los caudales son una «determinación impuesta» por varias sentencias del Tribunal Supremo promulgadas desde 2019.
Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, ha defendido que el documento sobre el trasvase remitido al Consejo de Estado es el que fue «respaldado mayoritariamente» en el Consejo Nacional del Agua. En contra de lo que sostienen desde el Gobierno valenciano.
En la reunión del Consejo Nacional del Agua se logró «un consenso extraordinario en torno a algo que es novedoso» (el caudal ecológico) que se debe respetar porque es legislación. Y también porque hay sentencias, porque se necesita y porque «es un río compartido», aseguró la ministra.
