¿Bonito del Norte? Investigadores alertan de otro posible fraude alimentario

Existen irregularidades en el etiquetado de uno de los productos más exclusivos y apreciados por los consumidores españoles, el Bonito del Norte. Así se desprende de un estudio llevado a cabo por un grupo de investigadores de la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, quienes han concluido que el 32,5% de las muestras analizadas no están etiquetadas de manera correcta, ya que la especie declarada en el envase del producto (Bonito del Norte) no se corresponde con la real.

Los consumidores inquietos suelen dudar de la veracidad en los etiquetados de aquello que consumen; ahora, un estudio dirigido por la profesora Esther Carrera, del departamento de Ciencias Farmacéuticas y de la Salud de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, vuelve a poner encima de la mesa el problema del fraude alimentario, pero esta vez con un producto del mar, el Bonito del Norte. Según ella y su equipo de investigadores, el 32,5% de los productos analizados mienten en las etiquetas; no es Bonito del Norte lo que albergan los envases, tal y como reza en los ingredientes, sino otro tipo de pescados de menor valor comercial, como la bacoreta, el listado, la melva, el patudo, el bonito o el rabil. Todas las muestras mal etiquetadas tienen la peculiaridad de ser productos congelados.

Fraude alimentario y legislación

Este estudio, en el que también han participado docentes e investigadores de otras universidades, como Rosario Martín, Teresa García o Isabel González -todas del Departamento de Nutrición, Bromatología y Tecnología de los Alimentos de la Universidad Complutense de Madrid-, ha venido a demostrar que, a pesar de todas las medidas legislativas puestas en marcha en el entorno de la Unión Europea, se siguen dando casos de fraude en el etiquetado que no sólo constituyen todo un engaño al consumidor, sino también un descrédito hacia muchos fabricantes.

Tal y como señala Esther Carrera, este tipo de fraudes no sólo conforma un engaño hacia el consumidor, al que hay que proteger en todo momento, sino también un fraude económico que puede acarrear potenciales riesgos para la salud del consumidor.