Las empresas del sector alimentario que discrepen de las conclusiones que ofrezcan los estudios comparativos que ciertas organizaciones y consultoras realizan acerca de la calidad de los alimentos podrán paralizar su publicación siempre y cuando presenten un estudio alternativo. Este es el contenido básico de la enmienda que el Partido Popular ha introducido en el último momento en el nuevo Proyecto de Ley de Calidad propuesta en el Congreso de los Diputados.

Hasta ahora, los consumidores tenían la oportunidad de leer estudios publicados por instituciones o consultoras, como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) o FACUA-Consumidores en Acción entre otros, que ponían en tela de juicio las prácticas fraudulentas de ciertas empresas y la calidad de sus productos. Ahora, y a pesar de que nunca se ha demostrado que estas instituciones desempeñasen su labor faltando a la veracidad, el gobierno del PP ha añadido una enmienda al nuevo Proyecto de Ley de Calidad merecedora del adjetivo ‘polémica’.

Si se aplica el nuevo proyecto de ley con la enmienda añadida a última hora, las empresas afectadas por los resultados de los estudios podrán paralizar su publicación siempre y cuando presenten un estudio alternativo. En el caso de que ambos estudios arrojen unos resultados muy dispares, se elaborará un tercero y definitivo. Ahora bien, ¿Qué o quién elaborará este estudio definitivo?, ¿será veraz y fiable? La polémica está servida.

Las organizaciones de consumidores opinan

Asociaciones como Facua ya han alzado su voz contra esta enmienda, y no sólo por considerarla como antidemocrática y censuradora, sino también por no haber sido debatida, ya que, tal y como se ha señalado desde esta organización, la enmienda ha sido añadida justo antes de enviar el proyecto de ley al Senado.

Las nuevas condiciones de publicación de estudios que impondrá esta nueva ley tendrán como consecuencia la demora excesiva de la divulgación de sus resultados, si es que se aprueba tal divulgación. Las organizaciones afectadas han señalado que su función como voz crítica para salvaguardar los derechos del consumidor quedará anulada debido a este hecho, porque de muy poco sirve informar a un consumidor de que adquirió carne de caballo etiquetada como ternera uno o dos años después de haberlo hecho, por ejemplo.

Hasta el próximo día 18 de junio se podrán presentar enmiendas al Proyecto de Ley de Calidad en la Cámara Alta.

 

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