Se deben «aplicar las sentencias del Tribunal Supremo» que obligan a fijar un caudal ecológico en ese río. Así de contundente se ha mostrado el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, en el podcast «Efeagro. Punto de encuentro» dedicado al reto de la gestión del agua.

El consejero ha acordado personarse en los recursos que presenten otras comunidades autónomas contra el plan hidrológico del Tajo. Todo ello, para defender el contenido de ese documento, que por primera vez fija caudales ecológicos para ese río. Y que, en la práctica, supondrá un recorte al trasvase al Segura.

Según Martínez Arroyo, el Gobierno central ha establecido «criterios técnicos» en su norma y ha aplicado las sentencias del Supremo que obligan a incluir en la planificación hidrológica del Tajo unos caudales ecológicos mínimos a su paso por Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina. Porque «es necesario priorizar las cuestiones ambientales y la cuenca fuente frente a la cuenca receptora».

El consejero castellano-manchego ha negado que exista una «guerra del agua». Pero matiza que si bien hay quienes «interesadamente hablan de guerra para enfrentar territorios».

Ha añadido que «no hay discusión sobre la aplicación de las sentencias del Supremo. Y creo que sería bueno que esto se aceptara por parte de las comunidades autónomas en el Levante donde en muchos casos se ha considerado el agua como la única forma de hacer política».

«Deben tomarse decisiones en las que se cuente con todos los españoles»

Sostiene que ese modelo de hacer política ya no se entiende y deben tomarse decisiones en las que se cuente «con todos los españoles». Incluidos los de los pueblos del interior de España.

El consejero de Agricultura ha dicho que Castilla-La Mancha ha cedido al aceptar que se alcancen los caudales ecológicos de manera gradual hasta 2027. Y ha defendido que, con esa decisión, el río Tajo va a estar «vivo» y llevará más caudal con agua más limpia.

Ha subrayado la solidaridad que mantiene su región con el Levante. Y ha añadido que no han recurrido ningún trasvase para consumo humano, si bien «el agua para el regadío en el Levante debe proceder de la desalación». Y para eso se están invirtiendo mil millones de euros «pagados entre todos los ciudadanos».

«Hay que buscar el equilibrio entre la necesidad de cumplir con los objetivos medioambientales de que haya agua suficiente en los cauces de los ríos, con el objetivo económico de generar más valor en la agricultura».