La Política Agraria Común (PAC), que ha entrado en vigor este año, incluye la «condicionalidad social» de las subvenciones. Esto significa que los empresarios agrícolas deben cumplir una lista de normas laborales. Porque de lo contrario, se penalizará con recortes de las subvenciones del 3 % al 100 % en España. Que se aplicará en 2024.
España tiene previsto adelantar un año la «condicionalidad social» de la PAC, que será obligatoria en toda la Unión Europea (UE) en 2025. Esto consiste en vincular las subvenciones al respeto a los derechos laborales. Al igual que se hace con los requisitos medioambientales o agronómicos.
La «condicionalidad social» para los sindicatos es un logro, los empresarios lo asumen y las organizaciones agrarias dicen que se esté «criminalizando» la imagen del agricultor
Para los sindicatos esto es un logro y los empresarios lo asumen. Aunque desde las organizaciones agrarias dicen que se esté «criminalizando» la imagen del agricultor. «Porque ya existen convenios y herramientas que garantizan las buenas prácticas».
Alun Jones, responsable de proyectos del Centro Internacional de Estudios Agronómicos Avanzados del Mediterráneo (Ciheam), ha comentado que «la condicionalidad social es una oportunidad para implantar una nueva cultura de la prevención. Implica que los agricultores incluyan la seguridad laboral en su lista de prioridades».
Para el responsable adjunto del sector agroalimentario de la Federación de Industrias de CCOO, José Fuentes la condicionalidad social es «un gran logro» que la PAC, por primera vez en 61 años de existencia, haya recogido las obligaciones laborales en su reglamentación. Y ha incidido en que las sanciones sean similares en todos los países comunitarios.
Por su parte, el vicepresidente del Comité de Organizaciones Agrarias y Cooperativas comunitarias (COPA-Cogeca), Pedro Gallardo (Asaja) ha apuntado que la condicionalidad «no puede ser impuesta». Y que en España ya existen convenios provinciales que regulan la relación entre empresarios y trabajadores.
España tiene una dotación de la PAC de 7.100 millones de euros anuales
España es el tercer país de la UE que se beneficia más de la PAC. Con una dotación de 7.100 millones de euros anuales para los agricultores y los ganaderos. Por detrás de Francia y de Alemania.
Según la Encuesta de Población Activa (EPA), la agricultura emplea a 752.200 ocupados en España. Así, en 2022 este sector registró un descenso de 86.900 trabajadores. Y una bajada del paro del 9,6 %.
Según la regulación española, «las reducciones serán por norma general del 3 % del total de las ayudas a las que la explotación tuviera derecho en el año en cuestión».
«No obstante, (estas reducciones) podrán ser mayores en los casos de reiteración o incluso llegar al 100 % en los casos de intencionalidad de los incumplimientos».
