El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que establece los principios fundamentales para la gestión de las granjas bovinas. Este anuncio se esperaba desde hace tiempo, ya que otros sectores ganaderos han estado bajo regulación con una normativa nacional, como el porcino o el avícola. Ahora, con este edicto en vigor, todos los ganaderos que gestionen ganado vacuno deberán cumplir la nueva normativa.

El real decreto proporciona un marco para el desarrollo responsable y sostenible de este sector en los próximos años. Plantea soluciones que abordan cuestiones de bienestar animal, bioseguridad y medio ambiente. Además, una apuesta clara por el modelo de ganadería familiar.

La ganadería es uno de los principales actores económicos de España. Dentro de ella, la bovina es la segunda en importancia, solo por detrás del porcina. La leche y la carne de vacuno representan por sí solas más del 30% de la producción ganadera final de todo el país. Esto las convierte en un importante activo para nuestra economía.

Una normativa para las granjas bovinas basada en la sostenibilidad, el bienestar animal y la bioseguridad

A medida que el sector ha ido avanzando en los últimos años, se han acentuado su aspecto social, sus altos niveles de profesionalización y su carácter internacional. De ello ha surgido la necesidad de una regulación estatal adecuada para hacer frente a los nuevos retos medioambientales, de bioseguridad y de bienestar animal. En consecuencia, una nueva normativa que incluya todos estos aspectos.

Además, las dificultades que plantea la incipiente Política Agrícola Común 2023-2027, combinadas con las del Pacto Verde de la UE y las iniciativas de la granja a la mesa y la biodiversidad, hacen todavía más necesario este reglamento.

En estrecha colaboración con el sector del vacuno, las comunidades autónomas y los ciudadanos, este reglamento ha sido cuidadosamente elaborado para responder a las exigencias sociales, económicas, productivas y medioambientales de la producción bovina. Su aplicación permitirá avanzar hacia una ganadería modernizada.

En aras de una normativa equitativa, se están haciendo diferencias entre los requisitos para las explotaciones nuevas de bovino y las ya existentes. Para aliviar la carga que pesa sobre ellas, las explotaciones ya establecidas dispondrán de un periodo de transición para cumplir determinadas exigencias cuando sea necesario. Además, se están concediendo permisos en función de sus capacidades productivas individuales.

El decreto ha dividido las explotaciones en varios tamaños. Esto se ha hecho con el fin de regular y modular eficazmente los requisitos para garantizar que la mayoría de las explotaciones familiares no sufran costes añadidos que vayan en detrimento de su ventaja competitiva.

Para promover un crecimiento cohesionado y eficiente del sector basado en la sostenibilidad y la preservación del medio rural, se ha establecido una capacidad máxima para las explotaciones de nueva instalación de 850 cabezas de ganado. Esto equivale aproximadamente a 725 vacas lecheras. Se busca limitar la deslocalización y apoyar a los productores locales.