Montse Cortiñas, vicesecretaria general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), celebró el jueves la aprobación definitiva por el Congreso de la nueva Política Agraria Común (PAC). Cortiñas expresó su entusiasmo por este cambio trascendental en la gestión de la agricultura.
A pesar del desarrollo reglamentario pendiente que surgirá de esta ley, afirmó que nos espera una nueva Política Agraria Común y que las cosas deben empezar a hacer en consecuencia. El cambio puede intimidar, afirmó Cortiñas. «Lo nuevo a veces produce miedo pero esta PAC tiene aspectos positivos que para la UPA son muy importantes.»
Según Cortiñas, es fundamental que la nueva ley de la PAC, Política Agraria Común, se haya ratificado por el Congreso de los Diputados. Esto aportará tranquilidad a los agricultores y ganaderos que antes se debatían en la incertidumbre. Ahora, pueden sentirse seguros en sus inversiones a partir de 2023-2027.
Cortiñas destacó la implantación por parte de la PAC de un sistema de tarificación dual. Contrapone las campañas de riego que requieren un mayor uso de energía eléctrica -normalmente de abril a septiembre- con los meses en los que no hay necesidad de ese uso.
Gracias a la aprobación de la nueva PAC Política Agraria Común, se podrán cobrar la ayudas a partir del próximo enero
El Congreso de los Diputados ha celebrado este jueves la votación final del proyecto de ley que establece el marco de gestión de la nueva Política Agraria Común (PAC). Todas las enmiendas propuestas en el Senado han sido aprobadas. Esta aprobación marca un hito trascendental. Permite a más de 630.000 agricultores y ganaderos españoles cobrar las ayudas de la PAC a partir del próximo mes de enero.
Durante el debate en el Congreso, el Ministro de Agricultura, Luis Planas, subrayó que los productores pueden esperar recibir 7.150 millones de euros cada año hasta 2027. 4.800 millones de los cuales son pagos directos. Una forma de seguridad de la renta en estos momentos, ya que comprende aproximadamente el 20% de todos los ingresos agrícolas.
Para reforzar la Política Agraria Común, el proyecto de ley va acompañado de dieciocho decretos que explican con más detalle su contenido. De esos dieciocho decretos, diez se publicarán en las próximas semanas en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Tras largas deliberaciones, el texto final actualiza la normativa en materia de declaraciones obligatorias. También en contratación y organizaciones de productores. La comercialización del aceite de oliva. Producción del sector lácteo y métodos de cría de animales. También la utilización de productos fitosanitarios o antibióticos.
Antes de la reforma de la PAC Política Agraria Común, la normativa comunitaria controlaba determinados aspectos de la ejecución de la política agrícola. Ahora estos elementos se aplican a través de normas nacionales, como demuestra el plan estratégico español para la ejecución de la política agrícola.
Búsqueda de impulsar la digitalización asegurando que las zonas rurales tengan los servicios necesarios
Para impulsar aún más la digitalización, se ha incluido en el proceso el Sistema de Información de la Producción Agrícola y Ganadera (SIEX). Esta será una herramienta increíblemente útil para los empresarios agrícolas, las administraciones públicas y otros usuarios relacionados al proporcionar capacidades de gestión. Del mismo modo también una plataforma para el intercambio de información.
Durante el proceso, los grupos parlamentarios acordaron que la comunicación con la administración debería realizarse digitalmente; sin embargo, esto debe incluir asegurarse de que quienes viven en zonas rurales tengan acceso a la tecnología y los recursos necesarios.
Además, Luis Planas detalló algunas novedades, de la Política Agraria Común, como la exención fiscal de los planes ecológicos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), nuevos incentivos vinculados a prácticas medioambientales sostenibles y el posible acceso a una doble tarifa eléctrica para los regantes.
Finalmente, la quema de rastrojos está prohibida en las zonas agrícolas, aunque las pequeñas explotaciones están exentas y las comunidades autónomas pueden conceder permisos especiales en caso de que necesiten prevenir plagas o incendios.
